Julio 23 de 2014. Se trata de Catalina Botero Marino, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, desde 2008. La entrega será a mediados de agosto en Brasil, en ceremonia especial.
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Catalina Botero es experta en derecho constitucional, derecho internacional de los derechos humanos y justicia transicional, con posgrados en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Gestión Pública y Derecho Administrativo.
Antes de ser elegida relatora especial trabajó durante ocho años en la Corte Constitucional de Colombia como magistrada auxiliar y magistrada encargada de dicha institución.
Asimismo, se desempeñó como asesora especial del Procurador General de la Nación de Colombia y directora general en la Defensoría del Pueblo de Colombia.
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Es socia fundadora del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), organización no gubernamental destinada a la defensa regional de derechos humanos, dentro de cuyo objetivo se encuentra la defensa de las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos.
Fue profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Colombia durante más de quince años. Ha participado en más de 50 conferencias o discusiones académicas en entidades de las Américas y Europa.
Es autora de libros y artículos publicados en diversos países sobre derecho constitucional, derecho internacional humanitario, derecho penal internacional, justicia de transición, libertad de expresión y los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.
En su calidad de relatora especial para la libertad de expresión ha estado encargada de definir las estrategias de litigio de la Relatoría Especial y ha asesorado y apoyado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el impulso y resolución de los casos emblemáticos en materia de libertad de expresión que han sido resueltos durante su periodo. En la selección de los casos ha dado énfasis a la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos así como a la defensa de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos para silenciar a la disidencia en periodos de ruptura democrática. Algunos de los casos más importantes que ha impulsado se refieren al derecho de acceso a la información sobre violaciones masivas de derechos humanos. Ha litigado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos en materia de libertad de expresión que ha debatido la Corte durante su mandato.
Como relatora, es la encargada de elaborar y publicar el Informe Anual que, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es entregado oficialmente a los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el cual se reporta el estado de la libertad de expresión en los Estados de la región.
Ha coordinado directamente la elaboración y publicación de ocho informes temáticos especializados sobre derecho internacional de derechos humanos, libertad de expresión e incorporación al derecho interno de los estándares internacionales, entre otras materias. Ha desarrollado una estrategia de fortalecimiento de la sociedad civil y asesoramiento a los Estados que le ha permitido viajar frecuentemente a la mayoría de los países de la región para sostener reuniones de alto nivel o impartir cursos de capacitación y formación. Ha participado en procesos de implementación del derecho internacional en los ordenamientos nacionales, en conjunto con diferentes agencias nacionales e internacionales, entre estas: la Oficina del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Oficina de la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), el Banco Mundial, el Consejo de Transparencia de Chile, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Federal Electoral de México. Así mismo, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América y el International Visitor Leadership Program del Departamento de Estado del mismo país, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y la Unidad de Acceso a la Información Pública y el Centro de Archivos y Acceso a la Información de Uruguay, el Tribunal Constitucional de Ecuador, la Escuela Judicial de Colombia, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, el Tribunal Supremo Federal de Brasil y la Defensoría del Pueblo de Panamá.
Dentro de sus actividades del mandato y su plan de trabajo, en el último año la relatora ha hecho varias visitas a Brasil y ha desarrollado diversas actividades de formación, capacitación de jueces y funcionarios estatales, ha participado en foros y ha dialogado con autoridades estatales sobre la situación de la libertad de expresión en ese país.
Sobre el premioEs otorgado por la Associação Nacional de Jornais anualmente. El premio fue creado en 2008 y tiene como objetivo homenajear a personas, periódicos o instituciones que se han destacado en la promoción o defensa de la libertad de prensa.
También han ganado este premio: el exmagistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Carlos Ayres Britto, por la decisión que declaró inconstitucional la ley de imprenta de la dictadura militar; el exdiputado federal Miro Teixeira, por su actuación legislativa en contra de esa ley; la Asociación Brasilera de Periodismo Investigativo (Abraji, por su sigla en portugués) por su trabajo para lograr la aprobación de la Ley de Acceso a la Información en Brasil, el periódico Clarín y la Sociedad Interamericana de Prensa por su trabajo en la defensa de la libertad de expresión en América Latina.